A medida que avanza la pandemia del COVID-19 en el país y que el gobierno hace su mejor esfuerzo por prevenir su rápida propagación y por prepararse para enfrentar el periodo más crítico que aún está por venir, son muchas las disyuntivas que empiezan a surgir. Algunas de ellas son, por un lado, el dilema entre la salud pública y el crecimiento económico, y por el otro, la controversia entre la restricción de derechos civiles –por la cuarentena obligatoria– y la necesidad de salir a trabajar. Todas esas discusiones, a su vez, están enmarcadas por un común denominador: las garantías de seguridad para la población. A continuación se presenten algunos  puntos que deben ser tenidos en cuenta por los tomadores de decisión del sector seguridad, especialmente a nivel local, y que buscan apoyar su ya compleja misión. El objetivo de este ejercicio no es criticar lo que ya se ha hecho; por el contrario, está encaminado a fortalecer las medidas que se deberán seguir tomando en los días por venir.

Primero, un uso apropiado de la fuerza pública como garante de la seguridad ciudadana. Es vital cuidar el bienestar de los miembros de la Policía Nacional, así como de los gestores que apoyan las iniciativas de seguridad. No se puede pasar por alto que su presencia en las calles y las zonas rurales del territorio colombiano los pone en un alto riesgo de contagio y ellos no pueden cumplir sus funciones constitucionales desde su casa o su estación.  Sobre este tema es importante revisar las experiencias que ya han vivido otros lugares del mundo; tal vez el caso de Nueva York sea uno de los más representativos o, por lo menos, de los más difundidos en la actualidad. Allí se ha evidenciado que el virus se puede propagar muy fácil y rápidamente entre la fuerza pública: al día de hoy ya había más de 600 infectados, una cifra que crece de manera exponencial y que equivale a más del 11% del total de los uniformados de la ciudad; ninguno de ellos pudo seguir cumpliendo su labor. Es decir que mientras el virus avanza y las necesidades de seguridad aumentan, el tamaño del pie de fuerza se va contrayendo en el momento en que más se le necesita.

Es por  ello que resulta crucial hacer una planeación tal que minimice el riesgo de contagio exponencial al interior de la Policía Nacional, tal vez con un ejercicio más riguroso de rotación del personal que sale a las calles, sin que ello reduzca drásticamente su capacidad de reacción. La fuerza pública es un recurso humano limitado, que se requerirá en mayor medida en las próximas semanas y, por ende, el Estado lo debe manejar de la manera más eficiente posible; no se puede caer en el error de perder un alto porcentaje de efectivos por querer mostrar mayor eficiencia hoy, cuando mañana es el momento en el que más se les necesitará.

Una alternativa que se ha discutido para apoyar a la Policía Nacional en su labor de provisión de seguridad es el uso de Fuerzas Militares.  Personalmente, no soy amigo de la militarización de las ciudades como instrumento de política pública en materia de seguridad ciudadana; sin embargo, ante situaciones de emergencia, ésta puede llegar a ser una medida necesaria. Ese es el caso de Cundinamarca, departamento en el que el gobernador, el día de ayer, autorizó la militarización de nueve municipios para garantizar el cumplimiento del aislamiento preventivo. Si bien es una medida de emergencia, se debe tener claro, cuanto antes, el protocolo de actuación de las Fuerzas Militares como apoyo a la Policía Nacional; eso no da espera. Eso sí, el protocolo de militarización se debe socializar muy bien al interior de la administración pública, pero no se debe utilizar como una táctica de amenaza o desafío hacia la población –“acatan las órdenes o sacamos a los militares”–, ya que ello podría ser tomado como una provocación, generando un resultado totalmente opuesto al inicialmente deseado.  La forma como se comunique y se transmita la medida será esencial.  

Segundo, estrategias eficientes de comunicación y divulgación de información pertinente y oportuna. A diferencia de otros países, como es el caso de Japón, en Colombia no estamos acostumbrados a divulgar mensajes masivos de manera estratégica para enfrentar una coyuntura como ésta. Eso nos lleva, muchas veces, a improvisar. Sin embargo, la improvisación no siempre es apropiada y, por el contrario, se requiere organizar un riguroso plan de comunicación para que el mensaje que le llegue a la población sea efectivo. Ya se han evidenciado casos donde la Fuerza Pública y funcionarios públicos han hecho uso de perifoneo para divulgar información relacionada con medidas preventivas y disposiciones gubernamentales frente al Covid-19; sin embargo, el alcance es muy corto. También se ha recurrido al uso de helicópteros para intentar, desde el aire, emitir un mensaje que puede tener una mayor repercusión; no obstante, muchos ciudadanos no alcanzaron a escuchar el mensaje y, por el contrario, lo que eso les generó fue más pánico que otra cosa. Es importante revisar ese balance costo-beneficio.

Tercero, la situación que vivimos hoy en día representa una enorme oportunidad para mejorar y fortalecer la imagen de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública en general. Ésta es una oportunidad para acercar más a la Policía Nacional con la comunidad. Sin minimizar la posición de autoridad de la Policía Nacional, es fundamental tener en cuenta que el trato con la ciudadanía debe ser mucho más cuidadoso que en otros contextos. Las emociones de la ciudadanía están a flor de piel debido a que sus estilos de vida se han visto abruptamente modificados: muchas personas en aislamiento preventivo no salen o salen muy poco de sus casas; otros, debido a sus necesidades personales y familiares, deben salir a buscar un ingreso económico para sostener su hogar y no morir de hambre, poniendo en riesgo sus vidas. Lo cierto es que el nivel emocional de los ciudadanos va a ser cada vez más delicado y su nivel de tolerancia cada vez menor, lo que puede llevar a generar reacciones inesperadas.

En ese sentido, la ciudadanía debe poder ver en la Policía Nacional un apoyo y no un sinónimo de castigo; que la Policía Nacional que sale a las calles no refleje la idea que está buscando infractores, sino que los está protegiendo, que está previniendo el contagio del virus y está promoviendo el bienestar de la comunidad. Si bien eso ya se está haciendo, se puede fortalecer mucho más. Es una oportunidad para reforzar la idea del policía como un héroe, así como los médicos, los profesionales de la salud, y todos aquellos que trabajan día y noche para mantener a los demás sanos y salvos.  Y es que ese simbolismo no sólo mejoraría la relación comunidad-policía, sino que también ayudaría a fortalecer el estado emocional de nuestro pie de fuerza, hombres y mujeres que han decidido brindar su servicio a la sociedad a pesar de estar poniendo su vida en riesgo.

Cuarto, diseñar un plan de contingencia administrativo. Como todos aquellos ciudadanos que no pueden cumplir sus funciones desde la casa, las principales autoridades locales y nacionales que están a cargo de la prevención, contención y manejo de la emergencia sanitaria, tienen una mayor probabilidad de riesgo de contagio. Esa condición, especialmente a nivel local, hace necesario tener un plan de contingencia, ampliamente socializado al interior del sector público, para que, dado el caso que un alcalde, un secretario de seguridad o un subsecretario de seguridad deba retirarse de sus funciones por fuerza mayor –una situación altamente probable por el alto nivel de contagio del virus–, siempre haya un funcionario de respaldo que pueda asumir las funciones en las mismas condiciones que la persona que está reemplazando. Debemos estar preparados para evitar que en un momento puntual, ningún territorio del país quede sin una autoridad visible y preparada para manejar la expansión de la pandemia.

Para terminar, sólo resta decir que todo lo dicho anteriormente, está sujeto a que la ciudadanía en su conjunto, tome conciencia de la situación, sea aún más solidaria, piense en el bien común y no en el bienestar individual, y así ayude a facilitar el trabajo de las autoridades. Debemos ayudar a  mantener un estado de ánimo positivo.