En países como el Salvador, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, las cuarentenas estrictas han sido en gran proporción contraproducentes. En estos, y otros países Latinoamericanos, los hogares de extrema pobreza han sido obligados a permanecer en sus viviendas sin servicios sanitarios básicos, sin agua potable, en hacinamiento, sin medios para acumular bienes de primera necesidad, sin facilitarles equipos de protección, y en muchos países, sin la oportunidad de ser periódicamente testeados.

A pesar de las diferencias entre países, la pandemia ha puesto en evidencia denominadores comunes que han impedido controlar rápidamente la propagación del virus, y reducir el número de muertos. Entre los muchos factores que han generado estos resultados están las altas tasas de empleo informal, y la precaria inversión pública en servicios básicos de calidad. Vale la pena notar que estos factores son la consecuencia de varios otros problemas estructurales en la región como los altos niveles de corrupción, el débil estado de derecho y la falta de implementación de una agenda institucional más inclusiva (universal, pero sensible a las necesidades de los principales grupos vulnerables).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define como empleo informal todo trabajo remunerado que no esté registrado, regulado o protegido por legislación laboral nacional (17ª ICLS, OIT, 2003) [1]. Si bien es cierto que el empleo informal ha disminuido significativamente la tasa de desempleo, este sector ha generado puestos de trabajo sin ningún tipo de seguridad social o beneficios. En América Latina, a pesar de que el crecimiento económico de la región en los últimos años ha sido estable, el empleo informal ha seguido creciendo. Pasando de 47 % (aprox. 130 millones de trabajadores) en el 2014 a 53 % (aprox. 140 millones de trabajadores) en el 2018 (Salazar-Xirinachs y Chacaltana 2018) [2]

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de trabajo informal no agrícola en 16 países de América Latina y el Caribe, según los últimos años reportados por ILOSTAT (2020) [3].

A pesar de que este cuadro sólo muestra trabajos no agrícolas, y no desagrega por sectores, es igual una referencia para darnos cuenta qué países proveen beneficios laborales (Seguro de desempleo, Seguro social de salud, Seguro de vida, Asignación familiar, entre otros) a sus trabajadores. Naturalmente se espera que los trabajadores en países con mayor nivel de empleo formal, dado los beneficios laborales, estén en mejores condiciones para responder ante cualquier contingencia, similar incluso a la actual pandemia. Un ejemplo claro del rol que ha jugado el empleo formal y la seguridad social en esta crisis, podemos encontrarlo en el caso de Uruguay. Este país, predominantemente urbano (4.6% población rural) y donde la tasa de empleo informal es de 24%, a la fecha sólo ha registrado un poco más de una veintena de muertos y menos de un millar de infectados, pero Uruguay no es el país más representativo de América Latina. Países como Ecuador o Perú con 36% y 22%¹ de población rural respectivamente, y cuyos niveles de empleo informal sobrepasan el 69%, exhiben a la fecha más de 7,000 muertos por Covid19 oficialmente reportados en Perú, y más de 4,000 fallecidos en Ecuador. Si bien es cierto que estas cifras son relativas y están sujetas al número de pruebas, no se puede negar que a pesar de las estrictas medidas de confinamiento impuestas en Perú y Ecuador, las cifras no han dejado de crecer.

En países como México (tasa de empleo informal es 56%²) y Brasil (45%) donde la cuarentena no ha sido impuesta de manera estricta, excepto por algunos gobiernos federales, exhiben centenares de millares de contagiados, y decenas de miles de fallecidos. Sin embargo, independientemente de cuan estrictas o laxas hayan sido las medidas de aislamiento, es evidente que, para el sector independiente, y especialmente para los millones de trabajadores informales de bajos ingresos, quedarse en casa no ha sido una opción realista. En este punto vale la pena hacer la salvedad que no todos los informales pertenecen al sector de bajos ingresos o son pobres³, pero sí la pobreza puede volverse altamente endémica para los pobres que operan dentro del sector informal y no cuentan con seguridad social, ni pueden exigir derechos sociales por su trabajo. (Alter Chen, 2012)[4].

Para entender la preocupante realidad que los hogares del sector informal pobre enfrentan, debemos tener en cuenta que estas familias no cuentan con ahorros que les permitan abastecerse de bienes de primera necesidad por largos periodos de tiempo. Es más, aunado al desamparo social, muchas familias de este sector han dejado de percibir otras fuentes de ingresos como remesas (internas y externas), las cuales se han reducido significativamente debido al masivo desempleo registrado en las grandes ciudades y particularmente en los países de renta media alta. Según data del Banco Mundial [5], los países latinoamericanos que recibieron los más altos porcentajes de remesas como parte de su Producto Bruto Interno (PBI) en el 2019 fueron: Haití (37,1%), Honduras (22%), El Salvador (21%), Nicaragua (13.2%), Guatemala (13.1%), República Dominicana (8.1%), se- guidos por Bolivia (3.2%), México (3%) y Ecuador (3%). Estas cifras junto con el nivel de informalidad pueden darnos una mejor idea de por qué las medidas de estricto confinamiento no han sido efectivas para llevarnos a la tan anhelada “meseta”.

Entre los grupos del sector informal urbano pobre más afectados por esta pandemia están los trabajadores del servicio doméstico. Según el más reciente reporte sobre migración y trabajo doméstico de la OIT (Gallotti, 2016)[6], en América Latina 6% de la población laboral está empleada en trabajo doméstico, lo que representa 18 millones de personas, de los cuales 90% son mujeres y, aunque no precisa el porcentaje, el reporte indica que la vasta mayoría de esta población pertenece al sector informal. Cuando el coronavirus llegó a América Latina, los trabajadores de bajos ingresos no tuvieron opciones, para ellos la respuesta era una sola “si no trabajo, no como”. Acción que los pobladores con mayores recursos juzgarían con un doble estándar. Por un lado, condenarían las acciones de sus conciudadanos. Y, por otro lado, harían todas las gestiones necesarias para que el servicio doméstico no deje de seguir trabajando, como lo reporta Laing and Ramos (2020) [7]. Según este reporte, los dilemas que las trabajadoras del hogar en América latina han enfrentado en los últimos meses son desconcertantes: seguir trabajando a riesgo de enfermar, contagiar, y probablemente perecer; o quedarse en casa a la espera de las limitadas transferencias del Estado.

Si bien algunos gobiernos han tratado de emitir transferencias para las poblaciones más vulnerables, estas entregas no han tenido la cobertura esperada (Kurmanaev et al, 2020) [8], y han sido insuficientes para disuadir a la población más necesitada de seguir trabajando. Aunque estas transferencias especiales y temporales son salidas de emergencia, los líderes latinoamericanos harían bien en empezar a aceptar que las pandemias no son temporales; muchos de los virus (el más emblemático ejemplo, el VIH) han llegado a nuestros países para quedarse. Y los países que mejor han respondido, son aquellos que más rápidamente han educado y equipado a su población. Los virus con alto potencial epidémico tampoco son una novedad, como muchos líderes han referido para justificar el colapso de sus precarios servicios de salud pública.  Según la Organización Mundial de la Salud [9], entre los más recientes virus están el Ébola (desde 1976), SARS (desde 2002), H1N1 (desde 1918), VIH (desde 1970s), MERS-CoV (desde 2012), H7N9 (desde 2013), por nombrar sólo algunos.

Dada la naturaleza de las pandemias, urge en nuestros países desarrollar políticas públicas de largo plazo. Dentro de las múltiples urgencias en América Latina está la formalización de una serie de sectores económicos. Es a través de la formalización que no sólo se puede incrementar la recau- dación fiscal, sino también mejorar la inversión pública, especialmente en las poblaciones más necesitadas. Es a través del incremento en gasto social (Previsión social, salud, alimentación y educación de calidad) que se puede ofrecer oportunidades a millones pobres para involucrarse activamente en los procesos de crecimiento económico. Los gobiernos podrían, por ejemplo, empezar por estimar la composición del empleo informal de sus países. Según la estructura del sistema productivo de cada país, se puede diseñar vías más ágiles para los procesos legales de formalización, implementar incentivos (ej. amnistías, exoneraciones, créditos, entre otros) y desincentivos (severas y costosas penalidades) que generen empleo formal. Todo esto unido a campañas que forjen conciencia en la población de la estrecha relación entre formalización e inversión pública.

Las políticas propias para América Latina también requieren incluir en la ecuación factores como la diversidad geográfica muchas veces adversa cuando se trata del acceso a servicios públicos, los problemas y demandas de la población rural, y otras tantas características propias de la diversidad regional de cada país. Si bien se necesita planes nacionales, estos no son efectivos si no son articulados con los gobiernos federales, o regionales según sea el caso, y municipales. Después de todo, son las autoridades locales las que conocen mejor las urgencias de sus territorios. Después de casi tres meses de cuarentena ya va quedando claro que no es factible que un solo plan generalizado funcione en todas las regiones de un país, o en todos los países. A esta altura no cabe duda que en los hogares más vulnerables de América Latina, donde se vive en hacinamiento, no se cuenta con servicios básicos, o acceso a salud pública de calidad; el aislamiento no puede ser la única, ni la más efectiva de las estrategias.

Dada que la reducción de la propagación del virus está en manos de la población -y en especial de la población más vulnerable que necesita seguir trabajando- las políticas públicas inmediatas tienen que estar orientadas a equipar a la población (ej. campañas de salud y distribución de mascarillas), crear condiciones necesarias para evitar aglomeraciones (ej. horarios escalonados, ciclovías, enfatizar la importancia de la distancia social, incrementar las unidades de transporte público), y entre otras medidas, priorizar las pruebas de descarte en las zonas más necesitadas.

Por otro lado, y dado el potencial surgimiento de nuevos virus; así como la fragilidad de los servicios de salud en la gran mayoría de países de la región, América Latina requiere la implementación de políticas públicas con mirada hacia el futuro. Estas políticas se tienen que enfocar principalmente en tres áreas: Primero, se necesita crear incentivos para la formalización; y con ello mejorar la calidad del empleo y los beneficios sociales. Segundo, universalizar el acceso y la calidad a los servicios básicos. Tercero, expandir el gasto social, con especial énfasis en los servicios sanitarios públicos. Todo esto tiene que ir unido a estrategias de educación (incluyendo alimentación e higiene), de manera que la población pueda responder a futuras pandemias con mejores herramientas y en mucho mejores condiciones que con las que cuentan hoy.

Notas

1. Fuente, The World Bank Data. Población rural como porcentaje de la población total.
2. Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI). 1er Trimestre, 2020. Series calculadas por métodos econométricos a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
3. Entiéndase pobre por aquella población que está por debajo de la línea de pobreza de cada país.

Agradecimiento
Andrés Sánchez y Carlos Ríos por sus valiosas contribuciones.