Una responsabilidad aplazada: COVID-19 y asentamientos informales.

Los asentamientos informales de las ciudades son el resultado de una urbanización rápida y descoordinada. Son lugares caracterizados por tener una alta densidad poblacional e informalidad laboral, acceso reducido o nulo a servicios públicos [1, 2], entre otros. Lo anterior, hace que el salir y violar la cuarentena no sea sinónimo de falta de conciencia social y cuidado mutuo, sino que es la representación de la necesidad de un individuo, o familia, que debe exponer su salud para encontrar sustento diario. 

Lo anterior no es un problema menor. En los países en vía de desarrollo hay 863 millones de personas que viven en asentamientos informales [3], lo que representa un tercio de la población de estos países [4]. En América Latina, específicamente, 21% de la población urbana vive en asentamientos informales [5]. 

Experiencias previas de virus y enfermedades en lugares como India [6; 7], o Estados Unidos, demuestran la vulnerabilidad de los asentamientos informales. En Estados Unidos, por ejemplo, la Tuberculosis demostró que las políticas urbanas estaban siendo enfocadas en personas blancas con privilegios, por encima de minorías étnicas y personas de comunidades negras. Así mismo, demostró que la falta de acceso a recursos aumenta la vulnerabilidad de las personas a tener  afecciones crónicas, así como disminuye su acceso a alimentos saludables y a realizar actividades físicas en ambientes seguros, comprometiendo sus niveles de inmunidad, de presión arterial, de obesidad, entre otros, haciéndolos más vulnerables a enfermedades infecciosas [8]. 

El COVID-19 no es la excepción. Ciudades como Nueva York o Los Angeles ya están teniendo sus focos de contagio en los barrios de menores recursos. En Los Ángeles, por ejemplo, algunos asentamientos reportan una tasa de fatalidad por cada cien mil habitantes incluso 4 veces mayor que la del promedio nacional. 

Los países en vía de desarrollo no se quedan atrás. En India, por ejemplo, se han implementado las “Zonas de contención”, que son áreas geográficas definidas en donde hay presencia de grandes brotes de casos positivos de COVID-19, por lo cual el gobierno procede a “sellarlos”. Hasta el 14 de abril, 490 zonas de contención habían sido declaradas, la mayoría de ellas en asentamientos informales o en áreas próximas a estos.  

Varias organizaciones y expertos han levantado la voz sobre la necesidad de implementar políticas enfocadas en este tipo de lugares para mitigar la propagación del COVID-19. A continuación, procedo a resumir algunos de los puntos principales que se han propuesto. 

En primer lugar, se debe asegurar que todos los asentamientos tengan acceso adecuado a servicios de sanidad, fuentes de agua, desinfectantes, baños, entre otros. En dado caso de que el servicio de agua sea limitado en la zona, se debe disponer de tanques de agua o perforaciones de emergencia [9; 10]. En los slums de la India, por ejemplo, las Naciones Unidas está promoviendo una red de agua de pequeña escala y de proveedores de servicios sanitarios. Para ello, están instalando infraestructura de emergencia para proveer agua potable y lugares de lavado de manos en lugares estratégicos. 

Adicionalmente, se debe desarrollar infraestructura para viviendas temporales, eliminación segura de residuos, provisión de internet, entre otros [11]. El tema del internet es clave para reducir lo máximo posible la circulación de personas, pues es un medio de comunicación social y de educación. En este sentido, se debe evaluar la posibilidad de entregar dispositivos móviles para facilitar el acceso a internet, así como instalar puntos de conectividad [12]. 

En segundo lugar, se debe garantizar la seguridad y la convivencia al interior de los asentamientos informales. Para ello, debido a históricos de represión por parte de la fuerza pública hacia los más vulnerables, se deben evitar acciones represivas [13]. 

En tercer lugar, es importante que se lleven a cabo programas de difusión de información clara y oportuna con el objetivo de sensibilizar y solucionar dudas que las personas tengan sobre la situación actual y futura [14]. El acceso a la información, en diversos sentidos, es importante para promover cambios en los comportamientos. Esto se puede lograr, entre otras estrategias, por medio de la “inclusión de señalética rápida o incluso esténcil de pintura en el espacio público”, lo cual puede ser realizado por juntas vecinales [15].

En cuarto lugar, se deben identificar las áreas de mayor vulnerabilidad, basados en el nivel de hacinamiento de los lugares, su déficit de agua, de infraestructura de salud, entre otros [16; 17]. De igual manera, el mapeo debe permitir identificar las poblaciones más vulnerables dentro de los asentamientos informales; esto incluye población migrante, mujeres, niño/as, personas de la tercera edad, personas con dificultades de movilidad, grupos étnicos, entre otros. El mapeo servirá para implementar acciones concretas diferenciadas que permitan dar atención oportuna [18].

Para todo lo anterior, se requiere mejorar la coordinación entre distintos niveles de gestión y gobernanza. En este sentido, es necesario reformar los principios de gobernanza urbana, en la cual el papel de las comunidades y su articulación con los gobiernos locales debe aumentar [19]. Para lo anterior, se debe trabajar con organizaciones locales, líderes comunales, agrupaciones vecinales, entre otros [20], por medio de la facilitación de espacios de diálogo y colaboración segura [21]. 

Así mismo, se deben apoyar iniciativas locales y de auto-organización [22]. En Buenos Aires, Argentina, un grupo de 36 madres de los barrios de más escasos recursos desarrollaron programas de educación alrededor del COVID-19 para su comunidad.

Una vez superada, al menos en parte, la emergencia del COVID-19, se deben emplear ciertas medidas para reactivar la economía y mitigar nuevos brotes en los asentamientos informales. Para este periodo de reactivación, el Banco Interamericano de Desarrollo propone: i) reactivar la economía por medio de mecanismos de “inyección de recursos” a los pequeños y medianos proyectos comunitarios, así como dar asistencia técnica y financiera para recuperación de unidades productivas; ii) capacitar a las personas para desarrollar productos que sean útiles en el proceso de reactivación económica, reforzando procesos educativos a estudiantes que hayan tenido problemas para avanzar en sus estudios; iii) adaptar los espacios más concurridos en los asentamientos para “reducir los efectos del aislamiento durante la etapa de recuperación sin exponer a las personas”; iv) adelantar acciones para adaptar la infraestructura provisional y mejorar a futuro la calidad de vida de los asentamientos informales.

Como balance general, las políticas y programas a implementar en asentamientos informales, a raíz del COVID-19, deben apostar por aumentar el acceso de las personas y familias a servicios públicos y a una información clara y oportuna. Además, para la implementación de cualquier medida, será vital la articulación de los entes públicos con organizaciones y líderes comunitarios que ayuden a mejorar la confianza en las acciones tomadas.

Los retos para enfrentar el COVID-19, así como futuras pandemias, en asentamientos informales apenas comienzan. El camino por recorrer es largo, pero tal vez sea la oportunidad para reconocer que las políticas públicas que se han implementado hasta el momento no han tenido en cuenta a todas las personas por igual. Mejorar la calidad de vida de los barrios de menores recursos y asentamientos informales no puede seguir siendo una responsabilidad aplazada.

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